Por: Javier Diez Canseco

El Estado no tiene una escala única de remuneraciones, si no numerosas escalas, arbitrariamente fijadas con enormes desigualdades entre una entidad y otra y con “bonificaciones especiales” que distorsionan aún más las cosas. Además no existen criterios de transparencia, equidad, racionalidad y eficiencia.

La planilla actual del Estado maneja más de 400 conceptos que componen las remuneraciones públicas. Una vergüenza. Un amplio sector de trabajadores públicos siguen sujetos a regímenes sin una carrera pública. Muchas veces dan vueltas en círculos sin ninguna perspectiva de futuro.

Con García se pretendió hacer creer a la ciudadanía que ningún funcionario público ganaba más que el Presidente de la República. Nada más falso: existen, desde esa época, funcionarios que ganan mucho más de los S/. 15.600 que cobran el Presidente y los Ministros. Así, en el MEF, hay asalariados con más de S/. 21.000, incluidos la remuneración y el concepto “otros beneficios”. En el Banco Central de Reserva, el Presidente gana S/ 41.600 (¿17 veces al año?), el Gerente General S/. 37.500 y los gerentes centrales S/. 34.200. El Contralor de la República gana  S/. 33.100, el vice S/. 27.000 y los funcionarios de quinto nivel S/. 24.600. En la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP la situación es muy similar, el Superintendente gana S/. 33.100 y los asesores de la alta dirección y superintendentes adjuntos S/. 29.000.

Ojo, a la inversa, ocurre en los niveles más bajos, pues sectores como educación y otras áreas tienen trabajadores administrativos que apenas llegan al salario mínimo legal con 20 años de servicio, existiendo quienes ganan menos. Médicos, personal del Inpe, maestros, personal administrativo del Poder Judicial y de los ministerios, enfermeras, etc; se encuentran en el otro extremo de la balanza. Un profesor que ganaba S/. 1.177, con la aprobación de la Ley de Reforma Magisterial, gana ahora S/. 1.244. Mucho menos de lo que se paga, en promedio, a un maestro en los países de la región. En México un profesor de primaria gana 16% más,  en Brasil 17%, en Colombia 28 % y en Chile 69 % más. Un médico, gracias la huelga del 2012, gana hoy en promedio S/. 3.068. Menos del 45% de lo que gana un médico en Brasil y apenas el 35% de lo que se le paga a un médico en Chile.

No se cuestiona que los funcionarios públicos perciban una remuneración proporcional a sus capacidades y las responsabilidades del cargo, pero resulta insostenible mantener una brecha salarial en la que los que más ganan perciben 3.100% más que los que menos ganan. Esto es injusto y golpea a la población, que no contará con una administración pública transparente, eficiente y legitima. Por eso los países más desarrollados tienen una menor brecha entre los que más y menos ganan y buscan garantizar el bienestar de todos los trabajadores.

Para cambiar esto presenté 5 propuestas de ley entre los años 1995 y 2004.  El Congreso no aprobó ninguna de esas iniciativas, optó por mantener el desorden y la inequidad.

El Ejecutivo ha propuesto recientemente un proyecto de Ley del Servicio Civil para “ordenar” esta situación. Este aporta transparencia, pero mantiene una actitud antisindical, contraria a la negociación colectiva y nada dice respecto de la desigualdad que existe entre los salarios de los funcionarios. Más aún, el proyecto fomenta la desigualdad porque propone que los salarios se fijen en función de la “categoría de la entidad” y de acuerdo con una valorización aprobada por la misma entidad en la que labora el funcionario. Es decir, el que puede, puede.

El Congreso no debe aprobar una propuesta que mantenga la enorme brecha salarial que existe en el sector público. Requerimos establecer un Sistema Único de Remuneraciones que fije la remuneración de los funcionarios y autoridades del Estado según la canasta básica familiar, a fin de establecer una proporcionalidad entre las remuneraciones más bajas y las más altas fácilmente mensurables; sin que ello implique desconocer la necesidad de establecer pagos adicionales por calificación, nuevos niveles formativos, horarios extraordinarios, nivel de dedicación, entre otros.

Toca a los trabajadores del Estado unirse para conquistar esta justa demanda.