Por: Javier Diez Canseco

La pugna entre trabajo decente y trabajo oprimido marca las características del crecimiento económico peruano y constituye una bandera fundamental del cambio social.

El 94% de la población económicamente activa está empleada y un 70% de ellos labora en el sector informal (es decir no planilla, no seguro ni seguridad social). El INEI concuerda con diversos estudios que señalan que el trabajo independiente no calificado, el trabajo en pequeñas empresas urbanas de menos de 10 trabajadores, el trabajo campesino y el trabajo en hogares constituyen alrededor de las tres cuartas partes de la ocupación nacional.

En el sector formal, las cosas no están mejor. El Ministerio de Trabajo dice que alrededor del 30% de la población ocupada en este sector recibe una remuneración menor a 1.200 soles (sin incluir pesca y minería).

Menos de la quinta parte de la población ocupada tiene seguridad social y como dice PPK, sólo el 15% de la población tiene un aporte real al sistema de pensiones. El 85% no tendrá pensión en el futuro.

Ante ello hay dos opciones contrapuestas: la que busca promover la creación de nuevos puestos de trabajo y mejorar la calidad del empleo y la que impulsa el continuismo de las políticas en materia laboral y la flexibilización de los derechos laborales.

La primera se ha recogido en el Acuerdo Nacional y en los programas de los partidos ganadores de las últimas elecciones. En su Plan de Gobierno Humala se comprometió a: reorientar la inversión pública en infraestructura y en proyectos que generen empleos; fijar el salario mínimo en función de la canasta básica; promover acuerdos de largo plazo para que las empresas convengan con los trabajadores en mejoras salariales; fortalecer el Sistema Nacional de Pensiones; aprobar la Ley General del Trabajo, fomentar la libertad sindical, la negociación colectiva y respetar la autonomía sindical; eliminar el uso de los “services” en el sector público y establecer mecanismos que impidan los abusos laborales.

Por otro lado, diversos grupos de poder económico (Confiep, SIN, asociaciones de agroexportadores, entre otros) abogan por el continuismo. Con el argumento de la “competitividad” fomentan la protección de los beneficios que obtienen a costa de una injusta reducción de derechos y salarios de los trabajadores. Ninguno de estos actores ha ganado una elección en los últimos 15 años, pero no cabe duda que la agenda que ellos promueven es la que se ha implementado.

Nada cambió con Humala. Está paralizado el debate de la Ley General del Trabajo. En el Congreso no se debaten proyectos de ley que planteen: eliminar el despido arbitrario, prohibir el uso indebido de los contratos temporales, proteger la libertad sindical y el derecho a la huelga, fomentar la negociación colectiva, equiparar el salario mínimo a la canasta básica y el cambio de los regímenes laborales del sector agrario, de las exportaciones no tradicionales y de las Mype que hoy permiten la existencia de trabajadores de segunda con menos derechos y remuneraciones pero igual trabajo.

No es un hecho desconocido que las medidas más eficaces de inclusión social son aquellas que se basan en remuneraciones justas y empleos dignos; pero, al igual que Toledo y García, en año y medio de gobierno Humala ha demostrado que no tiene la fuerza ni la voluntad política para cumplir con sus compromisos de campaña e implementar las medidas necesarias para promover empleos dignos para todos.

¿Qué hacer para que los hombres y mujeres del Perú tengan trabajo digno? Queremos remuneraciones justas, condiciones adecuadas y seguras de trabajo, seguridad social y derechos de organización y negociación colectiva. Urge articular y aglutinar fuerzas. Los cambios no llegarán solos. Hay que imponer la agenda del cambio sobre la agenda de la continuidad. Los partidos políticos que están por el cambio, los sindicatos y los trabajadores en general tienen la obligación de establecer una plataforma que impulse una campaña sostenida a favor del trabajo decente y un justo reparto de la torta del crecimiento. Una Conferencia Nacional por el trabajo decente que levante una plataforma común de los trabajadores y su unidad en la acción abriría las puertas de una auténtica transformación.