Por: Javier Diez Canseco

La presencia del ministro Paredes en el Congreso el viernes pasado no esclareció la cuestionada renovación del contrato de concesión con Telefónica Móviles del Perú.

1. ¿Por qué el gobierno no exigió a TdP que cumpla con pagar los S/. 2.000 millones de deudas tributarias que esta mantiene con el Estado? ¿Por qué acepta llevar este tema a un Poder Judicial poco transparente e influido por el dinero? ¿Otra vez la teoría de las “cuerdas separadas”: por un lado está la deuda tributaria con el Estado y por otro la renegociación del contrato de concesión?

Inaceptable confiar en una empresa que pretende no pagar al Perú el equivalente a dos terceras partes de lo que ahora dice invertirá en el nuevo contrato (S/. 3.020 millones en 18 años).

2. ¿Por qué el Estado no cobra nada por el uso del espectro radioeléctrico?  En Ecuador, el 2008, Telefónica pagó US$ 220 millones por el uso de 35MHz renovados por 15 años, con tres millones de suscriptores. Un 50% se pagó en efectivo y el resto durante el plazo de concesión. En cambio, en Perú se ha renovado por 18 años la concesión, por 60MHz y con 19 millones de suscriptores sin que TdP pague ningún derecho, es decir, gratis.

Osiptel valorizó el espectro en US$ 830 millones pero el ministro Paredes, “reputado experto”, dice que esta cifra está sobrevaluada y por ello no cobra nada, aunque no muestre un solo estudio o documento que acredite su absurdo.

3. Paredes dice que TdP nos ha hecho un enorme favor en comprometerse a invertir S/. 3.020 millones en telefonía móvil y que ello está por encima del supuesto costo del espectro radioeléctrico. Pero invertir en su negocio no es lo mismo que pagar por el uso del espectro radioeléctrico que es un bien público. Más aún, cuando según especialistas: “hoy el espectro radioeléctrico tiene un valor sustancialmente más alto que hace 20 años, y esto ocurre en todos los países del mundo, que cada vez licitan más bandas del espectro 3G y 4G para atender la explosiva adopción de tecnologías móviles, por parte de las personas, empresas y gobiernos. Las metodologías predominantes para valorizar el espectro son bastante conocidas (flujo de caja descontado y comparativo internacional), de manera que es honestamente poco comprensible sostener que el espectro radioeléctrico no debe ser pagado” (C. Huamán en http://bit.ly/XM7ySS).

4. Hay que destacar que, si bien es de significativa importancia llegar a zonas y sectores de la población con internet y telefonía móvil como se ha planteado por el gobierno, esta es una tarea que debe llevar adelante y dirigir el Estado y no quedar librada a la disposición de los inversionistas privados. Por ello resulta fundamental tener instrumentos para garantizar que las mismas inversiones pactadas se produzcan. En ese sentido el ministro no ha aclarado en lo absoluto el rol que le compete, ante esta renovación de convenio, al Fitel, que es un fondo para la expansión de las telecomunicaciones a las zonas más pobres y de menores ingresos. Igualmente llamativo es que el ministro no haya aclarado la necesidad de repotenciar Osiptel y el dinero necesario para ese efecto, condición para fiscalizar los compromisos de inversión asumidos por TdP.

Resulta pues fundamental definir el rol y los recursos que tendrán estos entes del Estado, Osiptel y Fitel. Y precisamente para ello era indispensable que el Estado cobre por el espectro radioeléctrico y que dichos fondos sirvan al fortalecimiento y cumplimiento de los planes de estas entidades.

5. Finalmente, este convenio refuerza el control de Telefónica sobre el mercado nacional de telefonía móvil. En opinión del experto C. Huamán, el Estado debe “ponerse de acuerdo con TdP para registrar un cobro inmediato por un monto que fluctúe entre 40% y 60% de los S/. 3.020 millones anunciados, dejar el saldo restante para su recaudación durante los 18 años de concesión y con eso respaldar el financiamiento de US$ 300-400 millones requeridos por el proyecto de la red dorsal nacional y disponer en el reglamento de la ley de banda ancha, Ley de Promoción de Banda Ancha (de pronta aprobación), que Telefónica no pueda participar como postor por no ser operador neutro sino todo lo contrario (operador dominante, mayorista y minorista en el país)”.

En síntesis, si algo está caro es que el convenio no garantiza los intereses del país y de los usuarios.