Por: Javier Diez Canseco

Parece tener razón Raúl Wiener al señalar que debe haber sido el mismo Alan García quien dispuso poner a la ex congresista aprista Nidia Vílchez como vocera del alanismo en la campaña a favor de la revocatoria de Susana Villarán. Quizás porque “a ella no le tiembla la mano para pelearse o la voz para decir una mentira”, ni, según ex compañeros suyos, para hacer cosas mucho más graves.

Nidia Vílchez ha sido acusada de pertenecer al Comando Rodrigo Franco –CRF– (responsable de diversas ejecuciones extrajudiciales en el primer periodo de García, entre ellas de estudiantes de Huancayo y del asesinato del dirigente minero  Saúl Cantoral Huamaní y Consuelo García Santa Cruz). También de colocar a sus familiares y amigos en puestos públicos en el segundo gobierno de García, de contratar a funcionarios corruptos cuando era ministra de la Mujer, de participar en la irregular venta del aeródromo de Collique y, recientemente, de haberse metido indebidamente al bolsillo S/. 134.062,72 a pocos días de culminar su mandato congresal.

En la investigación de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima sobre los asesinatos del Comando Rodrigo Franco, el colaborador eficaz WPM20028 ha señalado reiteradamente que Nidia Vílchez Yucra pertenecía al CRF. Según este colaborador, Vílchez era miembro del Grupo de Inteligencia que dirigía Enrique Melgar Moscoso, encargado de las acciones de seguimiento de las personas que iban a ser ejecutadas. Nidia Vílchez lo ha negado. Pero dicho colaborador, miembro del CRF, no es el único que vincula a Nidia con el referido comando. En el libro Muerte en el Pentagonito, Ricardo Uceda cita otras fuentes que confirman esa versión.

Hoy todos sabemos que, en abril del 2011, la ex congresista aprista pidió indebidamente al Congreso de la República el pago de la asignación por el desempeño de la función congresal correspondiente al periodo de diciembre del 2008 a septiembre del 2010. Pero en ese lapso fue ministra de Vivienda y ministra de la Mujer, con gastos de función cubiertos por los ministerios. Sin embargo, en junio del 2011, a días de culminar la última legislatura y el gobierno aprista, la Mesa Directiva del Congreso ordenó otorgar el pago requerido por Vílchez. Era presidente el aprista César Zumaeta y vicepresidente el fujimorista Alejandro Aguinaga, que recientemente impulsó interpelar a la ministra Jara por un cobro que devolvió.

Gracias al acuerdo aprofujimorista, Nidia Vílchez se embolsicó irregularmente S/. 134.062,72, dinero suficiente para otorgar el reciente bono aprobado por el MEF a casi 500 profesores.

Los defensores de Vílchez (Castillo, Quesquén y Mulder) dicen que no hay nada malo, que falta una norma que precise cuál es el sueldo que deben cobrar los congresistas cuando se desempeñan como ministros. Pero ni Castillo ni Velásquez Q. cobraron, ni dicen la verdad. La norma es clara. El Reglamento del Congreso (artículo 22, inciso f) precisa que la asignación por desempeño de la función congresal no tiene carácter remunerativo y que está destinada al pago de las actividades que conlleva la realización de las funciones legislativas, de control político, de representación y de las demás que establece la Constitución y el Reglamento del Congreso.

Vílchez no se fiscalizaba siendo ministra, ni proponía normas desde el Congreso para verlas en el Consejo de Ministros entre diciembre del 2008 y septiembre del 2010. No hay vacío legal alguno. La Mesa Directiva del Congreso, presidida por su compañero Zumaeta, le entregó a Vílchez S/. 134.072 por un trabajo que no hizo. ¿No es irregular? ¿No es delito embolsicarse dinero destinado a ejercer la función congresal cuando recibe dinero para ser ministra, con caja chica sin tope, como declaró Velásquez Q. en “Abre los ojos”? Los alanistas y algunos medios tolerantes con la corrupción no quieren abrir los ojos y Vílchez ni siquiera debe devolver el dinero.

Para la gran mayoría de peruanos, no hay duda de que Vílchez recibió irregularmente S/. 134.000. La clase política y las instituciones deben responder. Nada deslegitima más a la democracia que la impunidad ante actos flagrantes de corrupción. El procurador general del Congreso debe denunciar penalmente a Nidia Vílchez, a los miembros de la Mesa Directiva que aprobaron el requerimiento de la misma y a los funcionarios que intervinieron en dichos actos. ¡Al pan, pan, y al vino, vino!