Por: Javier Diez Canseco

La decisión del Consejo Directivo del Congreso, de duplicar el bono de representación parlamentaria (de S/.7,600 a S/.15,200) es  insustentable.

Los congresistas tienen un sueldo significativo, seguro, además de una oficina con personal de asesoría y apoyo, equipo técnico y material de trabajo, una persona de enlace con su región, teléfonos e internet, un pasaje aéreo semanal disponible, acompañamiento de un asesor  (pasajes y viáticos pagados) en la semana de representación y hasta un monto por la realización de una actividad.

Los gastos de representación son para viáticos y movimiento en las regiones o actividades y cumplir las funciones de representación,  fiscalización y producción legislativa. No son para padrinazgos o donaciones con el dinero de los contribuyentes. Debiera rendirse cuenta de su uso, pero dicha obligación se eliminó en la presidencia de Velásquez Quesquén. Luego del escándalo del congresista Anaya (bautizado como “come pollo”) y la falsificación de facturas para justificar los gastos de representación, la solución fue increíble: recibió una condena de 5 años de cárcel y el Congreso  permitió el libre uso de los gastos de representación, sin rendición, pasándose a manejar los gastos como parte del sueldo, pagando impuestos.

Por ello, la resolución de diciembre era insustentable, además de  incorrecta, impopular  y muy torpe políticamente. Es inaceptable que un Congreso que le da a maestros, a propuesta del Ejecutivo, un bono anual de apenas S/.300 y un salario base que gira alrededor de S/.1,300 mensuales, aumente S/.7,600  mensuales a sus propios miembros. Peor aún, sin siquiera rendir cuentas.

Pero la reciente decisión del Consejo Directivo, con la sola oposición de la bancada de AP-Frente Amplio de izquierdas, de ratificarse tozudamente en este aumento –ignorando el masivo rechazo de los electores a quienes “representan” los congresistas– es un vergonzoso abuso de poder, agudiza el desprestigio institucional, evidencia que no se respeta la opinión de la ciudadanía e indica que se está jugando con fuego.

Si, la pérdida de legitimidad del Congreso, junto al desprestigio de un Poder Judicial –que saca del juicio de Comunicore a Castañeda o un TC que blinda a personajes del anterior gobierno de las investigaciones sobre los indultos fraudulentos, las obras sobrevaluadas o el caso BTR– crea escenarios críticos. Cuadros propicios para la concentración del poder vía la disolución del Congreso e intervención del Poder Judicial (Fujimori 1992) o vía un Congreso sometido y dócil por su ilegitimidad política.

Un peligro cuando en el Ejecutivo se encaraman directamente grupos de poder con intereses precisos que podrían imponerse plenamente con la concentración del poder y  de contrapesos.  Una dosis “populista” o clientelista para ciertos sectores sociales y ya. No perdamos de vista las lecciones de la historia reciente, cuando la ciudadanía apoyo el golpe fujimontesinista por el desprestigio del Congreso y el Poder Judicial, abriendo paso a un régimen de corrupción y abuso del poder. El “remedio”, como todos sabemos, fue peor que la enfermedad.

Por ello, hay que llevar el tema a la Comisión Permanente y al Pleno para que cada cual asuma su responsabilidad. No cobrar o usarlo en obras sociales acreditadas, mientras se promueve un proyecto de ley como iniciativa ciudadana que cambie esta situación y lleve a definir una Escala Única de Remuneraciones con criterios técnicos y en función a un número de Remuneraciones Mínimas Vitales, así como bonificaciones y asignaciones por especialización, eficiencia, dedicación extraordinaria, horarios extras, responsabilidad, etc. Algo más justo y transparente. No es aceptable que haya funcionarios estatales que tienen haberes mensuales de más de S/.32,000  mensuales cobrando hasta 17 sueldos al año.

Entre 1995 y el 2004 presenté cinco iniciativas legislativas para regular las remuneraciones de congresistas y de altos funcionarios del Estado. Ninguna fue debatida.

Y en lugar del bono, invirtamos en una comisión de seguimiento diario a la ejecución presupuestal, con personal y equipo especializados,  para prevenir corruptelas, evaluar planes de obra e inversión, adquisiciones, precios, etc. Así la fiscalización y representación sería más eficaz, como  el freno a cualquier aventura autoritaria.