Por: Javier Diez Canseco

La decisión de duplicar, sin debate público, la bonificación de gastos de representación política a los congresistas debe ser revisada y revocada. Está claro que el país la siente como una prepotencia política, una barbaridad ética y una profunda inequidad: un abuso del poder.

Pasar de S/.7.600 soles a S/.15.000 los gastos de representación es no sólo inaceptable sino una gran torpeza política agravada por la premeditación y alevosía de hacerlo en vísperas de fiestas. Una decisión tomada sin piedad contra las expectativas y necesidades de las mayorías. ¿No fue semanas atrás que se dio a los maestros –bajo la batuta del MEF– un bono anual extraordinario de S/.300 soles por única vez y un sueldo base que bordea los S/.1.200 soles? ¿No  recibirán la amplia mayoría de policías, unos S/.300 a 350 soles de aumento mensual? ¿Y los médicos y trabajadores de salud que han conseguido magros cambios luego de un mes de huelga?

Este es un acto de “negacionismo”. Quienes decidieron este absurdo han pretendido negar hechos fácticos indudables: la escuálida legitimidad del Congreso y el sistema de partidos, la ausencia de una agenda parlamentaria que aborde los verdaderos problemas nacionales, proporcione soluciones y fiscalice la corrupción galopante, así como la necesidad de recuperar liderazgo, respeto y legitimidad ante la población.

Este es el problema central: un Congreso sin brújula y prioridades, sin efectiva representación de la población, precario, visto como un centro de privilegios, ineficaz ante las necesidades de la gente y que no representa, fiscaliza ni canaliza soluciones. “¿Qué hacen, para qué sirven?”, se preguntan muchos. Y una mayoría parlamentaria oficialista sin iniciativa, acentúa la crisis: abandona las expectativas de cambio que anidan en la gente, permite que el alanismo y el fujimorismo le marquen el paso del continuismo y se somete al “realismo” que imponen un influyente sector de la prensa y un MEF que ni redistribuye riqueza, ni promueve  empleo decente, ni invierte en los instrumentos de desarrollo y bienestar que el país necesita.

A ello se suma la actitud del gobierno con el Congreso, su sistemático torpedeo al accionar congresal y sus organismos. Humala deja sin piso a sus presidentes, sin miramientos paraliza iniciativas indispensables en materia de educación, salud, empleo decente o reforma tributaria, observa proyectos de ley para luego presentarlos como propios, deja sin apoyo a la megacomisión encargada de investigar las graves denuncias de corrupción del quinquenio anterior. Peor aún, ha desestabilizado y dispersado la alianza que lo llevó a la victoria del 2011 y usa a personajes de la “oposición” como sus operadores. Contribuye al deterioro del Congreso.

Paralelamente, el gobierno fortalece los “guardianes socráticos”: arma su correlación en los mandos de las FFAA, promueve áreas sin control adecuado en el accionar de éstas (compras y el “secreto” de informes de seguridad nacional, por ejemplo) y maneja adquisiciones militares a Corea del Sur evadiendo fiscalización, con una Contraloría cómplice. Debilita la  institucionalidad política, alimenta la concentración del poder y oculta los privilegios de la alta burocracia tras las torpezas del Congreso.

En lugar de transparentar la caótica política salarial del Estado y llevarla al debate público desde el Congreso, algunos quisieron sacarle provecho. ¿No es cierto que las cabezas del Consejo Nacional de la Magistratura ganan más de S/. 40.000 al mes, que el Contralor General, el Presidente del BCR y el de la SBS ganan más de S/. 33.000 mensuales, que el Presidente recibe casi 31.000 y el PCM S/. 30.000, los miembros del JNE más de S/. 27.000, o el Gerente Gral. de PetroPerú más de S/. 24.500 soles, mientras trabajadores administrativos de educación apenas reciben 700 u 800 soles, maestros con salarios base de 1.200 soles, policías con ingresos mínimos y jubilados con pensiones de hambre? ¿No es hora de revisar toda esta política y hacerla más equitativa y eficiente?

El Congreso peruano debería debatir estos temas con autoridad moral, construir un efectivo sistema de seguimiento parlamentario a la ejecución presupuestal –que fiscalice la ineficiencia y la corrupción– y fijar una agenda nacional que le devuelva legitimidad. Ello no se logra con más gastos de representación.