Por: Javier Diez Canseco

El Congreso acordó, por unanimidad el pasado 6, insistir en la autógrafa de la nueva Ley General de Personas con Discapacidad que el gobierno observó a mitad de año. Su promulgación por el presidente del Congreso es cuestión de días: un paso clave para adecuar nuestra legislación a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.

Ha tomado años, desde que ratificáramos la Convención, procesar el cambio legislativo. Gracias al impulso de una Iniciativa Ciudadana con más de 120.000 firmas reunidas en calles y plazas se llevó el proyecto al Congreso anterior (pero no lo trató) y se logró que el actual lo debata y sancione con nuevos aportes.

Es significativo que, paralelamente, el 4 de diciembre, los conservadores republicanos le negaron a la Convención la votación necesaria para que el Senado de EEUU la ratifique. Así, la primera potencia mundial aún no la ratificó aunque ya Obama la suscribió. Ojo, en EEUU se calcula un 20% de la población con alguna discapacidad física o mental, y apunto: la Convención ha sido suscrita por 154 países y ratificada por 126. ¡A lo que llega el sectarismo conservador!

Una pena, sin embargo, que hayamos perdido tiempo por la observación del Ejecutivo. Se hubiera avanzado en la reglamentación de la ley, con participación de las personas con discapacidad como establece la Convención, y, sobre todo, se hubiera incluido la implementación de la ley en el debate presupuestal 2013. Y es que, sin políticas definidas y dinero asignado, las normas son papel mojado en tinta solamente. Se requiere nuevas políticas y programas en educación, salud, transporte, promoción de empleo, crédito, comunicaciones, deporte, investigación científica, etc., para aplicar la ley aprobada y asignarles recursos presupuestales. Solo así se pueden adecuar instalaciones, comprar equipos y auxilios ortopédicos, generar servicios, nombrar personal especializado en diferentes niveles. Las primeras tareas serán el reglamento –con intervención de las personas con discapacidad– y el establecimiento de un verdadero Plan de Igualdad de Oportunidades con las políticas, programas y recursos para, progresivamente, implementar la ley.

Felizmente el Presupuesto 2013 es de S/. 108.000 millones pero esperan recaudar S/. 118.000: hay un cómodo colchón de S/. 10.000 millones que pueden usarse en parte a estos efectos. Lo digo porque los programas que logramos incluir como Presupuesto Por Resultados (PPR) para discapacidad son muy pequeños: S/. 29 millones en educación, S/. 12,6 millones en salud y minúsculos S/. 850.000 soles en promoción de empleo de jóvenes PCD: ¡ni 0,1% del presupuesto de S/. 108.000 millones! Los gobiernos regionales y locales están “autorizados”, no obligados, a invertir una pequeñísima porción de su presupuesto en el sector.

Importantes derechos ciudadanos se incorporan en todas las áreas de la vida social (educación, salud, vivienda, barreras arquitectónicas o comunicacionales y sanciones, deporte, promoción del empleo junto a obligaciones públicas y de empresas privadas de más de 50 trabajadores, etc.). Se establecen como nuevas obligaciones al Estado –nacional, regional y local– que van desde proveer información e investigación sobre el tema de la discapacidad (como la Encuesta sobre Discapacidad que debe culminar este mes) y la realidad que enfrentamos, hasta asignar recursos para los programas y rendir cuentas a la ONU. También aumentar el empleo para PCD a 5% y consultar políticas sobre discapacidad a las personas con discapacidad. Nuevas obligaciones a la sociedad (como 3% de empleo en empresas privadas de más de 50 trabajadores o descuentos en espectáculos culturales privados, cambios en unidades de transporte accesibles) y nuevos retos a las PCD, sus organizaciones, familias y las instituciones que trabajan con nosotros.

Ha sido una gran batalla por derechos y por oportunidades que nos corresponden por ciudadanía. Un enorme esfuerzo de mucha gente y organizaciones, coronado hoy con un éxito colectivo. Ayudaron mucho hombres y mujeres de prensa comprometidos, medios escritos como La República, La Primera, Diario 16 y El Comercio;  organismos de DDHH como Aprodeh e IDL; gente de iglesias y ONGs. Sobre todo las organizaciones de PCD y sus familiares. Sintamos la satisfacción del logro colectivo hacia un Perú para todos, y mantengamos el compromiso de seguir adelante.