Por: Javier Diez Canseco

El gobierno encara múltiples conflictos, demandas sociales desatendidas y servicios sociales en estado crítico (educación y salud), en buena parte herencia histórica que no logra enfrentar. Las expectativas levantadas alrededor de un cambio y de su promesa de campaña, la inclusión social, presionan una política redistributiva –directa (salarios, programas de subsidio directo) e indirecta (servicios, infraestructura)– que exige incrementar el presupuesto de sectores como Salud, Educación, Vivienda y saneamiento, Interior y seguridad, entre otros, así como de programas sociales (Juntos, Foncodes, Cuna Más, etc.). Ciertamente, urgen además la modernización del Estado, eficiencia en la gestión y una firme acción anticorrupción.

Pero el gasto público está vinculado al ingreso fiscal, a su uso efectivo y al manejo del superavit fiscal (presupuesto no gastado). Atender demandas y fomentar la inclusión social –junto a modernización, transparencia y eficiencia en la gestión– exige una reforma real del sistema tributario y generar mayores ingresos al fisco, cobrar más impuestos directos a los que más tienen y menos a los que menos tienen, combatir la evasión y elusión, fomentar la formalización y redistribuir la riqueza para garantizar oportunidades y derechos a todos.

Este año, Humala y Castilla pidieron tímidas facultades al Congreso para legislar en materia tributaria, pero buscaban una real reforma tributaria, por su vínculo con los grupos de poder. Estos, con sus lobbies en el Congreso, limitaron aún más las facultades para que no se creen nuevos tributos ni se aumenten tasas (el gobierno apenas recauda 15% del PBI frente a Argentina o Brasil que recaudan de 30% a 35%, Chile 23% y Bolivia un 20%). Así, los 18 D.Leg. emitidos no promueven un cambio del sistema tributario, se limitan a enfrentar la evasión, la elusión y medidas para mejorar procesos administrativos y de control. Ni siquiera dan mejor trato a los usuarios. No reforman realmente el sistema tributario: no cambia la estructura de la recaudación.

La estructura tributaria peruana es regresiva, los datos lo muestran. Desde Fujimori, el sistema tributario se basa en impuestos indirectos –IGV e ISC–, y no en los impuestos directos: Impuesto a la Renta. A pesar de las gigantescas ganancias de las mineras y extractivas, los datos de Sunat, en promedio y para los pasados 5 años, muestran que la recaudación tributaria viene en un 60% por impuestos indirectos y el resto son directos.

¿Qué es un esquema tributario regresivo? El estudio de CEPAL, “Estimación de la recaudación potencial del impuesto a la renta en América Latina” (agosto 2012), muestra que en AL la desigualdad aumenta por el régimen tributario. Es decir, los impuestos no son redistributivos y, al aplicarlos, incrementan la desigualdad. Perú no es la excepción y tras aplicar los impuestos, según el estudio, la desigualdad se incrementa: cosa de locos.

Hay que cambiar la estructura de la recaudación y pasar a sistema progresivo: mejorar el sistema redistributivo, enfocar mejor el gasto social e inversión, fortalecer salarios, actividades intensivas en mano de obra y mercado interno, si queremos inclusión social. Para una tributación progresiva hay que hacer que paguen más los que ganan más, especialmente de nuestros recursos naturales, con un impuesto a las sobreganancias mineras o aumentando la tasa de IR que pagan sectores con altísima rentabilidad, por ejemplo. Así recaudaríamos una parte justa de las enormes ganancias de las empresas debidas a incrementos inesperados en los precios de los minerales o sectores especulativos o financieros. Con lo recaudado podríamos incrementar el presupuesto de Educación –que no llega al 3% del PBI y cuando el Acuerdo Nacional compromete llevarlo al 6%– o Salud, Vivienda y salarios del Estado.

El impuesto a las sobreganancias no es una novedad. EEUU, en los 80, aplicó el “Windfall Profit Tax” (impuesto a sobreganancias) a sus Cías. petroleras, ante el alza mundial de precios. Fue un compromiso entre el presidente Carter y el Congreso buscando recuperar los ingresos obtenidos por las Cías. por los altos precios provocados por el embargo de petróleo de la OPEP. Los ingleses, luego de privatizar empresas públicas a precio de huevo, revaluaron y cobraron a los compradores beneficiados. Si ellos, modelos de liberalismo, lo hicieron, ¿por qué nosotros no? Por falta de voluntad y decisión política.

En unas semanas se debatirá el Presupuesto 2013, pero seguiremos con la misma plantilla.