Por: Javier Diez Canseco Cisneros

Hace algunos días, tres miembros de la Comisión de Ética del Congreso (integrada por siete parlamentarios) aprobaron –sin dictamen alternativo alguno- proponer mi suspensión como congresista por noventa días, sobre la base de la denuncia de que yo habría incurrido en una “falta ética manifiesta” al presentar un proyecto de ley (Nº 564-2011-CR) para otorgar “derechos  excepcionales” a las acciones de inversión, a pesar de que mi exesposa e hija son propietarias de acciones de dicho tipo. Según la denuncia, de ser aprobado dicho proyecto el patrimonio de ambas se incrementaría de manera astronómica (1000% en una versión, quince veces en otra). Luego, otros tres miembros de la Comisión de Ética han presentado un dictamen que opina por declarar infundada la acusación formulada y haría volver a Comisión el caso hasta definir una mayoría.

La acusación se basa en una campaña desarrollada de manera sistemática durante once meses por el diario Correo; campaña calumniosa al extremo, al punto que el Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana aceptó una queja al respecto obligando al diario en cuestión a publicarla en sus páginas.

Se trata de una campaña basada en la mentira y que apunta a liquidarme política y moralmente, presentándome como un aprovechador de la función pública que ocupo por mandato del voto ciudadano. La única respuesta que cabe es la que emana de la verdad de los hechos que resumo a continuación:

1.       El proyecto de ley 564-2011-CR propone canjear las llamadas acciones de inversión –que solo permiten recibir utilidades, pero no dan derecho de propiedad ni de intervención en la gestión a sus tenedores - en acciones comunes, en proporción a su valor nominal. En ningún otro país existen estas “acciones de inversión”, acciones con derechos disminuidos.

2.       No es primera vez que se presenta una iniciativa en este sentido. Desde el 2002 han ingresado a diversas legislaturas 11 proyectos, suscritos por parlamentarios de diversas bancadas: Unidad Nacional, APRA, UPP y Partido Nacionalista, entre otros. La propuesta es canjearlas por acciones comunes, con derechos de propiedad y gestión, en función a su valor nominal. Por ejemplo, en el caso de Backus las acciones de inversión tienen un valor nominal de un sol y las acciones comunes un valor nominal de 10. Es decir, se canjearían 10 acciones de inversión por una común. En términos de valor real –según las cotizaciones de hoy, las acciones de inversión valen 11.25 soles y las comunes 100 soles- implica canjear 10 acciones de inversión (112 soles) por una acción de 100 soles, pero con la ventaja de poseer una verdadera acción con derechos.

3.       Este mecanismo de canje no es nuevo en el Perú. Entre el 2000 y el 2011, empresas como Buenaventura, Milpo, Atacocha, Volcan, Inca Tops, Cementos Lima y, con variantes, Argentum- lo han aplicado.

4.       Para tomar conciencia de la envergadura del asunto hay que tener en cuenta que en el mercado bursátil peruano circulan 2,883 millones de acciones de inversión. Más aún, a agosto del 2011, las AFP poseen acciones de inversión por más de 1,985 millones de soles. Este inmenso volumen de acciones permite participar en la repartición de utilidades, pero no da derechos a gestionar y/o fiscalizar el uso de estos fondos, muchas veces fruto del ahorro de toda una vida. ¿Y la defensa de nuestros recursos en las AFP?

5.       La acusación afirma que el proyecto presentado tiene como objetivo encubierto beneficiar con el canje a mi hija, propietaria de 12,030 acciones de inversión de Backus (de valor nominal de S/.1 cada una). Asumiendo que se canjearía UNA acción de inversión por UNA acción común, la calumniosa acusación concluye que el patrimonio real de mi hija y otros beneficiarios aumentaría en 1000%. La verdad es que ni ella ni su madre (también propietaria de acciones y de la que estoy divorciado más de 25 años) recibirán beneficio económico sino que, como lo expuso el informe técnico de la Comisión de Ética, mi hija hubiera perdido 3609 soles en el canje y su madre 24000 soles si se hubiera realizado al presentar el proyecto de ley. Pero, como cualquier otro que canjee, hubieran ganado un instrumento financiero más estable y con derechos. Cabe hacer notar que el mismo informe técnico de la comisión acredita que mi hija representa apenas el 0.0021% del universo total de las acciones de Backus, que son más de 647 millones de acciones y que su madre posee el 0.015% de las acciones de dicha empresa. Es decir, no tienen ninguna capacidad de incidir sobre la gestión de la empresa o en la revalorización de sus acciones como dice el informe técnico.

6.       Con estos “argumentos” se me acusa de violar la ética parlamentaria pasando por encima lo que la propuesta de la comisión técnica de la Comisión de Ética reconoce: el proyecto de ley 564-2011 tiene “un ámbito general de aplicación, es decir, que no se reduce a una empresa en la que tiene interés particular directo o indirecto”. Es una propuesta referida a un universo general, en la cual no pueden determinarse intereses personales en conflicto. Con el argumento de los acusadores, ningún parlamentario que a la vez sea maestro, médico o militar en retiro podría plantear iniciativas que beneficien a su sector de actividad. Más aún, con ese argumento los parlamentarios no podríamos tener iniciativas en relación al régimen de las AFP, sus onerosas comisiones y otros asuntos, dado que todos somos afiliados de las AFP.

7.       El proyecto de ley 564-2011, al igual que los 11 proyectos presentados en los últimos años por diversos sectores políticos, responde a un problema nacional: garantizar los derechos de miles de pequeños accionistas, cautelar fondos que manejan las AFP, defender papeles en manos de trabajadores que recibieron acciones laborales convertidas hoy en acciones de inversión. Diversas organizaciones, como la Federación Regional de Comunidades Industriales de Arequipa, han reclamado modificaciones similares a las que recojo en el proyecto presentado. Recordemos que hoy en el mercado circulan 2,883 millones de acciones de inversión con derechos recortados.

8.       Se sostiene que no he sido transparente en expresar que tenía un familiar propietario de acciones de inversión. Cualquiera que visite los Registros Públicos de Lima encontrará un poder, de julio del 2010, que contiene la información respectiva. Más aún, declaré voluntariamente -pues no es obligatorio-, en mi manifestación como candidato al Congreso,  que yo mismo fui propietario de acciones. También declaré haberlas vendido en febrero de 2011-entregando el recibo- para financiar mi campaña electoral.

9.       El referido proyecto de ley no ha sido nunca sometido a debate ni menos aún aprobado. La obligación que establece el art. 4 del Código de Ética es que: “En el caso de participar en la discusión de temas, investigación y/o en el debate o aprobación de leyes en las cuales puedan estar favorecidos económicos directos, personales o familiares deberá hacer explícitas tales vinculaciones”. Reitero, nunca se ha puesto en agenda de debate ni sometido a aprobación dicho proyecto; y estando hasta registrado un Poder era evidente que cualquiera podía conocer de mi vinculación con el 0.00211% de las acciones de Backus en manos de mi hija. Nadie puede suponer que no lo haría público y sancionarme por una situación que nunca se dio.

10.   En síntesis, y coincidente con las opiniones legales de prestigiosos abogados como César Azabache, Samuel Abad y Jorge Avendaño, no hay conflicto de intereses en la presentación del proyecto de ley mencionado, ni he infringido el Código de Ética que expresamente señala el momento (debate y votación) en que hay que dar a conocer posibles conflictos de intereses personales o familiares. Estamos ante una acusación y decisión puramente política que distorsiona los hechos, acusa indebidamente y pretende cerrarle el paso a una norma que daría mucho más seguridad a miles de millones de soles en las hoy acciones de inversión en manos de AFP, de pequeñas inversiones y extrabajadores o sus familiares.

11.   He sido, soy y seré un hombre de izquierda por convicción, no por carencias. ¿Estamos yo y mi familia prohibidos de tener propiedades o inversiones? ¿Justicia social es igual a pobreza general? Ser de izquierda es buscar justicia y oportunidades para todos. ¿No fue Engels, sostén de Marx, un empresario, o en el Perú, Gustavo Mohme, un empresario de izquierda y al servicio de la justicia? Lo que tengo lo hice a pulso, pues cuando dejé la casa de mis padres devolví desde el auto hasta el reloj y tomé mi camino, sin romper el afecto a mis padres más allá de las diferencias políticas. Nunca recibí herencias, como mis hermanos pueden testimoniar.

12.   En mi trayectoria política he promovido iniciativas legislativas en las que han estado en debate miles de millones de soles, tales como regalías para las empresas mineras que reciben las regiones, derechos laborales, cambios en la ley de AFP, aplicación de impuesto para las operaciones en bolsa sin que en ninguno de esos casos alguien haya podido siquiera insinuar interés de beneficio personal.  Por ello a todos aquellos que creen que pongo en juego una opción de vida por una fantasiosa multiplicación por quince del patrimonio de mi hija, como impunemente ha escrito alguien que se autodenomina periodista, debe quedarles claro que en la repetición de la mentira no está la verdad y que la acusación es solo la pretensión de liquidar mi buen nombre y el de mi familia por oscuras motivaciones políticas.

Lima, octubre de 2012