Por: Javier Diez Canseco

El 8 de octubre, el SL-Quispe Palomino tomó el aeródromo de Kiteni. Destruyeron 3 helicópteros de la Empresa de Transporte de Gas (TGP) y dejaron inoperativo el servicio de mantenimiento al ducto principal que provee de gas para generar casi el 45% de la electricidad del país en Chilca. El sábado 13 emboscaron una patrulla en La Convención, mataron a dos suboficiales e hirieron a 3 efectivos.

En el aeródromo no había custodia policial-militar. El Ministro del Interior dice que la empresa TGP pidió el retiro de la policía y las FFAA. ¿No hubo un atentado, en abril,  en Kepashiato, que paralizó la construcción de un ducto paralelo y una planta compresora? ¿La empresa conduce las fuerzas del orden? Ahora, argumenta que “los hechos de violencia que venían aconteciendo desde hace unos meses ya nos impedían mantener adecuadamente el Sistema de Transporte. Este último hecho, además de generar la total suspensión de las actividades de mantenimiento en la zona de conflicto, nos imposibilita dar respuesta a cualquier incidente o situación de emergencia que pueda afectar la continuidad del transporte’’. Gran incoherencia.

¿Pide el retiro de las fuerzas del orden y luego alega que los atentados imposibilitan cumplir su trabajo? TGP debe responder ante ello, Pero el gran responsable es el Ejecutivo. Es responsabilidad del Estado resguardar el sistema de transporte de gas nacional y la seguridad energética del país. ¿Por qué accedió al pedido de TGP? ¿O ella da los lineamientos de política a Defensa e Interior? ¿Y la inteligencia estatal? Inaceptable.

Otra vez un alarmante nivel de improvisación gubernamental en materia energética. Si hoy sucede algún desperfecto en el ducto de TGP, no podrá ser reparado. Si se corta el suministro de gas de Camisea hacia las centrales termoeléctricas, tendríamos reservas para unos 3 días. Habría racionamiento al consumo de energía y, de no subsanarse el problema, las tarifas podrían aumentar un 40%. Resolver esto no solo exige dar seguridad al ducto principal de TGP, sino priorizar la construcción de ductos alternos que diversifiquen y aseguren el transporte de gas ante eventuales fallos en el ducto principal. Gas al macrosur es uno de estos mecanismos.

Pero, ¿cuál es la estrategia energética de Humala-Castillo-Merino? Luego del secuestro de 18 trabajadores de una contratista en Kepashiato y la caída de dos ministros tras la “impecable” Operación Libertad, el Ejecutivo envió al Congreso el proyecto ley No 1396. Este no solo busca liquidar el Gasoducto Andino del Sur (Gansur, que debía llegar a Arequipa, Moquegua y Tacna), sino que transfiere al sector privado la responsabilidad estatal de afianzar la seguridad energética del país. Gansur al diversificarla con un ducto al sur masificaría el consumo y permitiría un polo industrial petroquímico en el macrosur con  intervención del Estado. Pero, entre otras perlas, el proyecto 1396 propone la construcción, mediante licitación, a empresas privadas, de dos ductos auxiliares al ducto principal de TGP para alimentar el mismo ducto y uno pequeño a Cusco y Puno, con garantías estatales de tener utilidades. Con todos los antecedentes señalados, boicotear Gansur y replegar al Estado es un absurdo. Brindar seguridad energética implica responsabilidad del Estado. No obstante, el ejecutivo no tiene interés en hacerlo y fortalece el monopolio de las empresas del consorcio de Camisea.

No es una novela, como infelizmente dijo el Premier Jiménez. Son hechos reales. La tragicomedia la escriben los ministros: “el Gansur sigue siendo prioritario” (Merino); o “se aceptan críticas, se debe voltear la página, aprender de los errores” (Cateriano, sobre el último ataque). Merino sigue sin remitir la información a la que se comprometió ante el Congreso el 6 septiembre (el estudio de la CAN sobre Gansur, el perfil del etanoducto Pisco-Ilo, los estudios que avalarían el proyecto 1396). ¿Improvisación gubernamental o  intereses de mantener el monopolio de las empresas de Camisea  y favorecer rumoreados intereses coreanos en la petroquímica con el etanoducto? Buscan liquidar el Gansur y el desarrollo industrial del macrosur, poniendo en riesgo la seguridad energética del país y privilegiando el interés de empresas extranjeras sobre el del país.