Por: Javier Diez Canseco

El 24 de marzo de 1976, Jorge Rafael Videla, Comandante Gral. del Ejército argentino nombrado por la presidenta Isabel Perón, la derrocó. Disolvió el Congreso y constituyó una Junta Militar con el almirante Emilio Massera y el Brigadier Gral. de la FAA, Orlando Ramón Agosti. El 26 se declaró presidente de Argentina bajo el lema de “Proceso de reorganización nacional”, hasta 1981, en que cedió el poder al Gral. Roberto Viola. Las denuncias de detenidos-desaparecidos, torturas y la ESMA rebasaron las fronteras. La Comisión Interamericana de DDHH emitió un reporte condenatorio en setiembre del 79 y Adolfo Pérez Esquivel recibió el Nobel de la Paz en 1980 por su denuncia respecto a estas violaciones.

El 83 se restauró la democracia en Argentina. Videla fue procesado por homicidios, secuestros, tortura y otros crímenes. Dado de baja del Ejército (no visto en Perú con los responsables del golpe del 93 y los crímenes de lesa humanidad), fue sentenciado a cadena perpetua. Varios estudios calculan las personas detenidas-desaparecidas entre 30.000, hasta cerca de 12.300 por la Asamblea por los DDHH. Videla mismo admitió, ante el periodista Reato, que ejecutaron a 8.000 personas.

Pero el presidente Menem lo indultó, junto a otros jefes militares y dirigentes de Monteros y el ERP, en 1990. La impunidad terminó al ser procesado y sentenciado en 1998 por el secuestro de niños de los detenidos-desaparecidos, entregados a militares o personas ajenas. Con el gobierno de Néstor Kirchner, el 2003, se acentuó la campaña por evidenciar los delitos de lesa humanidad de Videla y, tres años después, un juez declaró inconstitucional el perdón de Menem a favor de Videla, lo que una corte federal confirmó en el 2007. En julio del 2010 se le impuso la pena de cadena perpetua por delitos que implican terrorismo de Estado y fue trasladado a una prisión civil. Videla asumió, en declaración ante el tribunal, la responsabilidad de las órdenes que emitió a sus subordinados, lo que nadie ha hecho aquí con el Destacamento Colina y otras masacres, ni tampoco por la parte de Sendero Luminoso y sus execrables crímenes. El 5 de julio del 2012, a los 87 años, fue sentenciado a 50 años más de cárcel por otros casos de secuestros y cambios de identidad de niños en la guerra sucia que encabezó. Nadie reclama indulto humanitario y sus temas de salud son atendidos en prisión.

Otro mellizo de Fujimori es el general boliviano Luis García Meza, que encabezó el golpe de julio de 1980 contra la presidenta Lidia Gueiler, impidiendo que entregue el poder al electo Hernán Siles Suazo. Hoy, a los 83 años de edad y después de haber sido extraditado de Brasil en 1995, cumple 30 años de sentencia en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en la altura de La Paz. Su gobierno fue muy corto: dejó el poder en agosto del 81 a otro militar, hasta que una huelga de la Central Obrera Boliviana en setiembre del 82 trajo abajo al régimen militar y logró que asuma el gobierno Siles Suazo.

Meza fue responsable de cerca de 500 asesinatos, incluyendo al preclaro diputado socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, y de la masacre de 8 miembros de la dirección del MIR al allanar un local en que se reunía. Sus vínculos con el narcotráfico eran evidentes y sus actos de corrupción en contratos ilícitos, hasta el haber vendido los diarios del asesinado Ernesto Che Guevara en Bolivia.

Lecciones de pueblos que no olvidan porque saben que pueblo sin memoria volverá a repetir la historia.

El indulto a Alberto Fujimori es un asunto ético, legal y, sobre todo, político. No solo no asume responsabilidad ni se arrepiente. Se niega a pagar las indemnizaciones por sus crímenes y latrocinios, hace mofa de su “pobreza”. Violenta el derecho internacional y dos leyes nacionales que prohíben el indulto a sentenciados –como él– por secuestros. Carece de las exigencias para un indulto humanitario pues su dolencia, con la que operó políticamente desde 1997, no es terminal ni amenaza su vida.

El objetivo de fondo, como lo admitió Martha Chávez abiertamente, es devolverlo a la arena política con plenos derechos y, de paso, evitar el juicio de los diarios chicha por 120 millones de soles. El indulto consagra la impunidad, agravia al país, a las víctimas y a los más elementales derechos democráticos.

(Ha muerto Antonio Cisneros, poeta, amigo, primo, compañero de tantas jornadas de lucha y de vida. Ya lo extraño)