Por: Javier Diez Canseco

El 26 de setiembre, la Corte Suprema –acatando una resolución de la Corte Interamericana de DDHH– anuló el insólito fallo de la Sala Villa Stein que establecía que los execrables crímenes del Destacamento Colina no eran delitos de lesa humanidad y reducía las penas a los criminales de La Cantuta, Barrios Altos, Santa y del periodista Pedro Yauri. Carmen Oyague y los  familiares de otros cuatro asesinados en La Cantuta, cuyos restos siguen no habidos, renovaron la esperanza de que, algún día, los recuperarían. Sintieron fe en la justicia.

Pero la sensación duró poco. El 27, por instrucción de su padre, Keiko Fujimori difundió una carta de su puño y letra, sin autocrítica o arrepentimiento alguno, y anunció que solicitaría el indulto humanitario para él. Agotado el envalentonamiento de años, su “convicción” de inocencia y su incumplida amenaza de acudir a tribunales internacionales, Fujimori dio un giro de timón y decidió pedir clemencia sobre la pena impuesta. Él sabe que el indulto solo perdona la pena pero mantiene firme la sentencia y culpa criminal.

Los fujimoristas recogen las palabras de Ollanta Humala en Huánuco. Le pedirán indultar a su ex Jefe del Estado condenado a 25 años. Sentencia, no olvidemos, por graves hechos de corrupción (de los que aceptó culpabilidad) y delitos de lesa humanidad en la forma de ejecuciones extrajudiciales y secuestro agravado, de los que es autor mediato dada su autoridad sobre el Destacamento Colina y los sótanos del Pentagonito manejados por el SIE.

La petición ignora que el derecho humanitario internacional es especialmente severo y contrario a amnistías, prescripciones y recortes de pena en casos de delitos de lesa humanidad, como los que ha cometido Fujimori. Obvia que AF no ha reconocido su culpa ni pedido perdón, no ha pagado reparaciones y obligaciones por más de S/.27 millones de soles, ni colaborado a que se ubiquen los cadáveres de víctimas aún desaparecidas. La clemencia que pide no viene con espíritu de enmienda o arrepentimiento.

Obvian que las leyes peruanas –la 26478 (Fujimori 1995) y la 28760- prohíben el indulto a responsables de secuestro agravado y otros, delito por el que está condenado AF. ¿Se cambiará la ley en su nombre? Alegan la figura del indulto humanitario, no excluido de las prohibiciones de estas leyes, pero obvian que Fujimori no enfrenta una enfermedad en estado terminal (como lo dicen los informes médicos conocidos y la propia de carta de Fujimori que da por superado el problema del granuloma). Obvian que su detención (en un penal exclusivo, con jardinería, escritorio propio y visita abierta) no afecta su atención médica en las mejores clínicas. Y tampoco sufre una enfermedad mental irreversible y degenerativa. Las tres condiciones para otorgar este tipo de indulto que no se dan.

Curioso escenario político encuentran los Jefes de Estado y  autoridades gubernamentales de América Latina y los países árabes que asisten a la III Cumbre del ASPA en Lima. Más bizarro aún si perciben que la estrella del crecimiento de AL  enfrenta agitadas y prolongadas luchas laborales de maestros, médicos y trabajadores de salud, sin soluciones aceptables a la vista. Su anfitrión, el gobierno de la inclusión social, confronta sus principales problemas en los dos ejes de las políticas sociales: educación y salud, en los que se reflejan pésimos rendimientos.

Y no es que falten recursos. Perú crece a más del 6.5%. Las ganancias y opulencia son notorias. Las Reservas internacionales superan US $60.000 millones de dólares (12.000 millones más que el 2011). El superávit fiscal del 2011 llegó a US $3.800 millones de dólares (1,9% del PBI: exceso de ingresos respecto al gasto fiscal), pero no se cumplen los compromisos de llevar el presupuesto de educación a 6% del PBI (apenas 2.9%), se incumple fallos judiciales que ordenan pagar la preparación de clases a los maestros, los haberes siguen congelados (por US $400 dólares mensuales) hace años, y la salud se cae a pedazos. El tema, como admite PPK, no son  recursos, es de decisión política. El todopoderoso ministro Castilla y el Presidente no asignan recursos ni dan salidas. Quieren una fórmula más punitiva que de incentivos y consensos. Varios dirigentes han sido detenidos.

Este es el Perú contradictorio y sus contraluces que se llevarán en la retina varios de nuestros huéspedes.